Crimea: Fuerzas ilegales están detrás de ataques y “desapariciones”

(Simferopol) – Unidades de autodefensa y fuerzas paramilitares en Crimea están secuestrando, atacando y hostigando a activistas y periodistas, señaló hoy Human Rights Watch.

Estas fuerzas operan al margen de la ley, sin insignias, sin una estructura de mando clara y con total impunidad. Las autoridades locales de Crimea son responsables de asegurarse de que estas fuerzas cesen sus acciones y de que sean disueltas y desarmadas, dijo Human Rights Watch.

“Las autoridades de Crimea están permitiendo que unidades armadas ilegales y no identificadas lleven la voz cantante en la península, y están cometiendo crímenes que no están siendo investigados ni castigados, como si hubiese un vacío legal”, dijo Rachel Denber, subdirectora para Europa y Asia Central de Human Rights Watch. “Pero nada más lejos de la realidad. Las autoridades locales tienen claras obligaciones jurídicas de proporcionar protección y seguridad a las personas bajo su jurisdicción”.

Human Rights Watch ha documentado la participación de unidades de autodefensa en el secuestro de al menos seis activistas del movimiento Euromaidan, que organizó los meses de protestas en Kiev que llevaron al derrocamiento del presidente Viktor Yanukovich. Estas unidades también han atacado y hostigado a numerosos periodistas locales y extranjeros.

Grupos de libertad de los medios de comunicación locales e internacionales también han documentado decenas de ataques contra periodistas por parte de grupos de autodefensa en toda Crimea. Grupos ucranianos de derechos humanos han informado que estas unidades también han estado involucradas en la dispersión violenta de manifestaciones, el registro ilegal de personas y vehículos, especialmente en las fronteras administrativas de Crimea, así como en el hostigamiento de ciudadanos comunes y corrientes.

Las unidades de autodefensa comenzaron a operar activamente en toda Crimea a finales de febrero de 2014. Su “comandante”, Pavel Sheremet, cuyo cargo oficial no está claro, dijo en una rueda de prensa el 4 de marzo que las unidades están compuestas por ex policías, ex oficiales del ejército, veteranos de la guerra de Afganistán y otros. Sheremet hizo hincapié en que las unidades no tienen derecho a llevar a cabo registros ni arrestos y que deben operar de forma conjunta con la policía.

El presidente del Consejo de Ministros de Crimea, Sergei Aksenov, dijo que hasta el 4 de marzo, 11.000 hombres se habían inscrito como miembros de las unidades de autodefensa y que están armados con escudos, porras y “armas de fuego legalmente registradas”. Aksenov afirmó que las unidades serán necesarias antes y durante el referéndum sobre la potencial anexión de Crimea a Rusia, programado para el 16 de marzo, y hasta que la situación en Ucrania se “estabilice”. Aksenov también negó las acusaciones generalizadas de que entre las unidades figuraban servicios de seguridad rusos.

De acuerdo con las declaraciones de funcionarios en Crimea, estas fuerzas han “asumido el control” de todas las instalaciones militares, las fuerzas del orden y los “objetos estratégicos”.

Sin embargo, las observaciones de Human Rights Watch sobre el terreno en Crimea y las entrevistas con personas que tuvieron –o fueron testigos de— interacciones con las unidades de autodefensa sugieren que éstas operan fuera de todo marco legal. Algunas llevan ropa de camuflaje sin insignias, otras van vestidas de civil. Muchos de sus miembros llevan brazaletes como símbolo de su lealtad a Rusia con los colores de la bandera rusa, o la bandera en negro y naranja del patrón ruso, San Jorge, el símbolo del honor más alto en la jerarquía militar rusa. Las unidades que patrullan las calles suelen ir desarmadas y no llevan máscaras, mientras que los que se encuentran en los puestos de control, u otros lugares estratégicos, llevan pasamontañas negros y armas automáticas, entre ellas rifles AK-47.

El sistema legal de Ucrania permite la “participación de los ciudadanos en el mantenimiento de la ley y el orden”, incluyendo la creación de unidades de autodefensa, pero especifica que sólo pueden operar de forma conjunta con los organismos regulares del orden público, en circunstancias claramente definidas y que nunca pueden usar armas de fuego.

Human Rights Watch descubrió que la policía local no parece tener ningún tipo de coordinación ni control sobre estas unidades. En varios casos documentados a continuación, testigos y víctimas de abusos contaron a Human Rights Watch que la policía o bien no estuvo presente durante las operaciones llevadas a cabo por las unidades de autodefensa, simplemente las presenció o se negó explícitamente a intervenir, asegurando que no tenía autoridad sobre estas unidades.

Según las declaraciones de testigos y varios videos profesionales y de aficionados en YouTube, estas unidades de autodefensa están a menudo acompañadas de u operan en conjunto con los Cosacos, así como con grandes grupos de hombres enmascarados totalmente uniformados sin insignias, que la mayoría de locales cree de manera generalizada que son miembros de las fuerzas armadas o especiales rusas. Al menos en una ocasión denunciada a Human Rights Watch, un miembro de una unidad de autodefensa admitió pertenecer a las fuerzas de seguridad rusas.

Un comandante ucraniano de una de las bases militares de Ucrania en Simferopol contó a Human Rights Watch que, cuando hombres armados vestidos de camuflaje sin insignias se estaban apoderando de la base, los oficiales ucranianos trataron de negociar con ellos, señalando que Crimea es parte de Ucrania y que por tanto se aplican las leyes de Ucrania. El comandante dijo que entonces uno de los paramilitares gritó: “¡No me importan las leyes de Ucrania; soy un oficial de la Federación Rusa!”.

A Human Rights Watch le preocupa que la presencia en las calles y edificios públicos de hombres armados en uniforme militar, así como de patrullas de autodefensa que no son miembros de las fuerzas del orden o las fuerzas de seguridad regulares, constituye una amenaza a la libertad y a la seguridad de la población en Crimea.

Las autoridades de Crimea deberían desarmar y disolver de inmediato todas las unidades que operan al margen de la ley, proteger a las personas de sus acciones ilegales y garantizar que todas las actividades policiales sean llevadas a cabo por las autoridades correspondientes, recomendó Human Rights Watch. Las autoridades deben asegurarse de que cualquier unidad de autodefensa que se cree opere en cumplimiento con la ley, y de que haya transparencia y conocimiento sobre la estructura de la cadena de mando y los mecanismos de rendición de cuentas de las unidades.

Las autoridades también deberían iniciar investigaciones sobre los crímenes y violaciones de los derechos humanos presuntamente cometidos por miembros de los grupos paramilitares y hacer que rindan cuentas. Aquellos detenidos o “desaparecidos” por las unidades o paramilitares deberían ser liberados de inmediato y los periodistas deberían poder llevar a cabo su trabajo sin intimidación ni hostigamiento.

Bajo la ley de los derechos humanos, en particular el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que es vinculante para las autoridades en toda Ucrania, las autoridades tienen la obligación de adoptar las medidas adecuadas para proteger la vida y la seguridad de todas las personas dentro de su jurisdicción. Esta obligación conlleva el deber de hacer cumplir un marco jurídico adecuado para evitar que se cometan delitos contra las personas, en particular los que pudieran dar lugar a violaciones de la libertad o la seguridad, o causar lesiones graves o incluso la muerte. Permitir que fuerzas no reguladas lleven a cabo operaciones de seguridad abusivas viola esa obligación y el respeto básico por los derechos humanos.

“Las autoridades de Crimea han permitido que las denominadas unidades de autodefensa tengan carta blanca en el período previo al referéndum, y hasta ahora estas unidades se han centrado en silenciar las voces críticas y controlar la información”, señaló Denber. “La campaña de amenazas, hostigamiento, ataques e incluso ‘desapariciones’ contra los activistas parece no tener límites”.

Para más detalles sobre los casos documentados por Human Rights Watch, por favor vea a continuación.

 

“Desapariciones” de activistas Euromaidan
Andriy Schekun y Anatoly Kovalsky

En torno de las 9:30 de la mañana del 9 de marzo, los activistas de Euromaidan Anatoly Kovalsky y Andriy Schekun se dirigieron a la estación de tren de Simferopol a recoger un paquete de Kiev, que contenía banderas de Ucrania, materiales impresos y otros artículos para una protesta contra la guerra en Simferopol, que estaba planeada para esa tarde, contó a Human Rights Watch la esposa de Schekun.

Más tarde, testigos en la estación de tren dijeron al abogado de los activistas y la esposa de Schekun que Kovalsky se quedó en la estación mientras Schekun entró al vagón de tren para recoger el paquete. Varios hombres vestidos de camuflaje, algunos con los brazaletes rojos de “autodefensa”, irrumpieron en el vagón, sacaron a Schekun y lo rodearon a él y a Kovalsky, que le esperaba en el andén. Entonces, los hombres camuflados los registraron, empujaron y golpearon, para luego llevárselos a pie.

Uno de los abogados de los hombres dijo a Human Rights Watch que, mientras lo estaban arrestando, Schekun consiguió hacer una rápida llamada telefónica en la que dijo que a él y Kovalsky se los estaban llevando unos hombres desconocidos. Después de eso, los celulares de ambos dejaron de funcionar. El abogado dijo:

La policía en la estación de tren no se ponía de acuerdo sobre qué versión contar de los hechos. Primero, un agente de policía les dijo a otros activistas que vinieron a hacer averiguaciones que no habían detenido a nadie. Más tarde, otro agente dijo que Schekun y Kovalsky habían estado bajo custodia policial pero que luego representantes de “Unidad Rusa”, el partido político pro-ruso de Crimea, se los llevaron de la comisaría.

El agente de policía luego le dio la misma información al canal de televisión de Crimea ATR, pero cuando otro periodista, del canal de televisión Espreso, se puso en contacto con él, dijo que nunca había oído hablar de los dos hombres.

No hay duda de por qué fueron atacados. Ambos son conocidos activistas, que desde el principio organizaron protestas Euromaidan locales en Simferopol. Ya habían recibido amenazas anónimas con anterioridad.

El 9 de marzo, el hijo de Kovalsky presentó una denuncia por la “desaparición” de los dos activistas. Según el abogado, la investigación policial está en curso. El 10 de marzo, a petición del abogado, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos envió una comunicación urgente a las autoridades de Ucrania solicitando información sobre el paradero de los dos hombres.

El 11 de marzo, el presidente del Consejo de Ministros de Crimea, Sergei Aksenov, dijo públicamente que Schekun y Kovalsky habían sido detenidos por “fuerzas especiales” de Crimea por su presunta participación en “actividades subversivas” y que permanecerían bajo custodia hasta el referéndum. Sin embargo, no reveló el paradero de los detenidos.

Myhailo Vdovchenko

El 11 de marzo, Myhailo Vdovchenko, un residente de Simferopol que publicó mensajes pro- Ucrania en su perfil de Facebook, participó en una manifestación pacífica a favor de Ucrania en Crimea en la ciudad, dijo su primo a Human Rights Watch.

Nunca regresó a casa después de la manifestación y sus familiares no pudieron contactar con él por teléfono.

Al día siguiente, el primo de Vdovchenko presentó una denuncia por su “desaparición” y publicó mensajes tanto en línea como en toda la ciudad, en busca de testigos. Una persona que respondió al mensaje le contó al primo de Vdovchenko que a eso de las 3:30 de la tarde del 11 de marzo vio cómo tres hombres vestidos de civil detuvieron a Vdovchenko, que llevaba una bandera de Ucrania. Luego los hombres llevaron a Vdovchenko por la calle con las manos atadas a la espalda. Según el primo, la testigo también dijo que vio cómo los hombres golpearon y empujaron a Vdovchenko cuando trató de liberarse:

Hoy [14 de marzo] fui a la policía y el oficial a cargo de la investigación me dijo que Myhailo y varios otros activistas Euromaidan desaparecidos estaban detenidos en la oficina regional de reclutamiento en Simferopol.

Dijo que la oficina estaba ocupada por fuerzas militares desconocidas y que no había nada que la policía pudiera hacer al respecto. Sólo me dijo que tendría que esperar hasta que pasara el referéndum y esperar que Myhailo fuera puesto en libertad después.

La familia no ha recibido ninguna confirmación oficial sobre la condición ni el paradero de Vdovchenko.

Alexei Grytsenko, Natalia Lukianchenko y Serhiy Suprun

El 14 de marzo, varios activistas Euromaidan publicaron en sus blogs que Grytsenko, Lukianchenko y Suprun, tres activistas de AutoMaidan, un brazo del movimiento de protesta Euromaidan que organiza patrullas de autos para proteger a los manifestantes, habían desaparecido.

Los blogueros escribieron que activistas locales vieron por última vez a Grytsenko, Lukianchenko y Suprun, quienes para entonces llevaban en Crimea una semana y media, a las 11:30 de la noche del 13 de marzo cerca de un centro comercial en Simferopol. Según el informe, uno de los activistas llamó más tarde a un amigo y le dijo que tres coches los estaban siguiendo. Desde entonces no se ha sabido nada de los activistas.

Un activista local Euromaidan dijo a Human Rights Watch que los activistas fueron capaces de rastrear las señales de los teléfonos celulares de los tres desaparecidos a la oficina regional de reclutamiento en Simferopol. En la tarde del 14 de marzo, un grupo de periodistas se presentó en la oficina de reclutamiento preguntando por el paradero de los desaparecidos, pero según uno de los periodistas, los hombres que custodiaban el edificio negaron tener a los activistas en custodia.

Ataques y hostigamiento de periodistas

Jacomo Liverani, un fotógrafo freelance italiano, dijo a Human Rights Watch que el 13 de marzo llegó a la ciudad de Bakhchisarai, 35 kilómetros al suroeste de Simferopol. Tomó fotos por la ciudad sin acercarse a ninguna instalación militar, y cuando estaba regresando a la estación de autobús sobre las 5 de la tarde, un grupo de cinco hombres vestidos de civil se acercaron a él. Llevaban brazaletes de San Jorge y estaban armados con navajas:

Me rodearon, me dijeron que eran de (un grupo de) autodefensa y me pidieron la documentación. Entonces les enseñé mi carné de prensa y a continuación uno de ellos hizo una llamada de teléfono. Unos minutos más tarde, llegó un coche civil. Me agarraron, me empujaron hacia dentro del coche y me llevaron en dirección a la estación de autobús. Me metieron dentro de una casa donde había más hombres de autodefensa.

Me pusieron un cuchillo en el cuello y me obligaron a entregarles mi documentación, incluyendo mi pasaporte, mi ordenador portátil y la cámara. Llamé a un amigo y le pedí que contactara con la embajada italiana en Kiev. Cuando me devolvieron la llamada, pasé el teléfono a uno de los hombres de autodefensa, pero este insultó al oficial de la embajada y le dijo: “Esto no es Ucrania: es Crimea, Rusia”.

Liverani contó que entonces los agentes paramilitares copiaron los archivos de su cámara y portátil, incluidos sus contactos, y cinco horas después lo liberaron.

Anton Beloborod’ko, un periodista del periódico digital ucraniano Gazeta po Ukrainski, dijo a Human Rights Watch que el 7 de marzo llegó a las 11 de la mañana con un grupo de periodistas a la oficina regional de reclutamiento militar en Simferopol porque había recibido noticias de un tiroteo en ese lugar. Fuera de la oficina vio a un gran grupo de hombres en ropa de civil, sin insignias, enmascarados y armados con fusiles AK-47:

Los hombres nos pidieron que nos hiciéramos a un lado. Nos alejamos y fuimos a una comisaría de policía de carretera que estaba cerca. Preguntamos a los policías qué estaba pasando, pero dijeron que no lo sabían y que la policía se mantenía “fuera de la política”.

Volvimos y paramos a unos 50 o 70 metros para esperar. Un hombre con uniforme de camuflaje, enmascarado y con un arma automática se acercó a nosotros y nos pidió que no filmáramos. Unos minutos después, salió una camioneta blanca de la oficina de reclutamiento y se dirigió hacia nuestro grupo.

Cinco o seis hombres, todos enmascarados, algunos con ropa de camuflaje y otros con ropa de civil, salieron y ordenaron a todos los camarógrafos y fotógrafos que entregaran sus equipos. Cuando nos negamos, empezaron a golpearnos y a darnos patadas; se llevaron las cámaras por la fuerza. Se llevaron una tarjeta de memoria de mi cámara y me pidieron la documentación. Le mostré mi documento de identidad que llevaba colgado del cuello. Agarró la correa de la que colgaba mi identificación y empezó a estrangularme con ella. Luego la arrancó de mi cuello, la arrojó dentro de su auto y se marchó.

Beloborod’ko dijo que no alertó a la policía sobre el incidente porque pensó que era inútil y que la policía tenía “demasiado miedo como para cumplir con sus responsabilidades profesionales”.

Una periodista extranjeracontó a Human Rights Watch que alrededor del mediodía del 12 de marzo se dirigió con su fotógrafo al punto de control de Chongar, en la zona norte de Crimea, cerca de la frontera administrativa. Cuando se acercaban al punto de control, vieron a un grupo de hombres vestidos con diferentes uniformes (algunos llevaban pantalones de camuflaje y otros chaquetas). Algunos llevaban pasamontañas negros y estaban totalmente armados con fusiles AK-47, navajas y pistolas. La periodista, que ha pedido permanecer en el anonimato para proteger su seguridad, dijo que los hombres llevaban brazaletes con los colores de la bandera rusa pero no insignias. Había también algunos Cosacos en el grupo, con sus sombreros y uniformes tradicionales.

Los hombres se estaban haciendo fotos a sí mismos, y nosotros también pedimos permiso para hacer fotos. Uno de ellos parecía haber asentido, pero cuando la fotógrafa apuntó su cámara hacia ellos, un hombre enorme del grupo se acercó, le arrebató la cámara y se fue con ella. Intentó sacar la tarjeta de memoria y borrar las fotos, pero no lo consiguió.

Les preguntamos quiénes eran pero permanecieron en silencio y se limitaron a ajustarse los pasamontañas para cubrir la rendija que mostraba sus ojos.

En el punto de control también había soldados completamente uniformados pero igualmente sin insignias. Hablaban ruso y llevaban uniformes militares rusos. Sin embargo, llevaban armas más potentes: RPGs y rifles de francotirador. Se alejaron mientras tratábamos de negociar con la unidad de autodefensa.

La periodista relató cómo la unidad de autodefensa del punto de control finalmente les hizo borrar las fotos de la cámara y después las dejó marchar.

Jan Husar, un periodista eslovaco, contó a Human Rights Watch que sobre las 2 de la tarde del 12 de marzo fue al aeropuerto civil de Simferopol e intentó hacer fotos de los alrededores. Dijo que tan pronto sacó la cámara, un vehículo civil paró a su lado y dos hombres, llevando ropas negras sin insignias y armados con pistolas, salieron del auto.

Me pidieron la documentación y yo pregunté por la suya. Ellos me mostraron sus identificaciones; no pude ver qué era exactamente lo que estaba escrito allí, pero sí que estaba en ruso, ya que sé la diferencia entre la lengua rusa y la ucraniana. A continuación, un grupo de otros 15 hombres, vestidos de civil y con brazaletes rojos y de San Jorge, se acercaron a mí y me llevaron a un bosque cercano, sin dejar de gritarme.

Me quitaron la bolsa de la cámara. Al cabo de un rato, apareció un hombre mayor y las cosas se calmaron un poco. Me dejaron marchar, pero se quedaron con las tarjetas de memoria de mi cámara.

 

Fuente: Human Rights Watch

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