Informe Mundial 2014: Unión Europea

En medio de la crisis económica y las controvertidas medidas de austeridad en muchos estados miembros, la discriminación, el racismo y la homofobia continuaron siendo graves problemas en la Unión Europea. Los romaníes, los inmigrantes y los solicitantes de asilo son grupos especialmente marginados.

El Consejo de la Unión Europea reconoció por primera vez que es necesario tomar medidas adicionales para garantizar que las violaciones de los derechos humanos dentro de las fronteras de la UE sean abordadas adecuadamente, con un continuo debate político centrado en mejorar las respuestas a las crisis del Estado de Derecho. Mientras tanto, las prácticas abusivas continuaron en toda la UE sin que las instituciones de la UE y los estados miembros tomaran las disposiciones adecuadas.

Política de inmigración y asilo de la UE

La UE tomó medidas finales para crear un Sistema Común Europeo de Asilo con la adopción en junio por parte del Parlamento Europeo (PE) de un “paquete de asilo” reformado, que incluye versiones del Reglamento de Dublín, la Directiva de Procedimientos de Asilo y la Directiva de Acogida. Si bien el paquete contiene algunas mejoras, sigue dejando un amplio margen para la detención de solicitantes de asilo, no obliga a los estados miembros a prestar asistencia jurídica gratuita en primera instancia y no exime de los procedimientos acelerados a los solicitantes de asilo especialmente vulnerables, incluidos los sobrevivientes de tortura y los niños no acompañados.

El Reglamento Dublín III, en vigor desde julio, deja intacta la regla general de que el primer país de entrada a la UE es responsable de las solicitudes de asilo a la vez que debe mejorar las garantías, incluido el derecho a la información, a una entrevista personal y a un recurso contra una decisión de traslado. Ahora los estados deben evaluar el riesgo de que los solicitantes de asilo rechazados y devueltos sean blanco de tratos inhumanos o degradantes, antes de su traslado a otro país de la UE. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó en junio que los estados miembros deben examinar las solicitudes de asilo presentadas por menores no acompañados que se encuentren en su territorio, incluso si habían presentado una solicitud de asilo previa en otros lugares.

En noviembre, el TJUE dictaminó que la orientación sexual es un motivo válido para solicitar asilo en la UE si el solicitante procede de un país donde se imponen leyes que penalizan las actividades homosexuales, y que nadie debería verse obligado a ocultar su orientación sexual.

Los estados miembros de la UE adoptaron enfoques ampliamente divergentes de cara a los solicitantes de asilo sirios. Por ejemplo, Suecia dijo que otorgaría residencia permanente a los sirios a los que ya había concedido protección temporal, mientras que Grecia intentó devolverlos a Turquía. Alemania y Austria se comprometieron a reubicar a 5.000 y 500 refugiados sirios, respectivamente, pero fueron pocos los demás países de la UE que fueron más allá de hacer simbólicas ofertas de reasentamiento.

En junio, la Comisión Europea (CE) y la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores hicieron un llamamiento conjunto a favor de un enfoque global a la crisis siria, centrándose en la asistencia humanitaria a los refugiados en los países vecinos, al tiempo que reconocía la necesidad de una mayor convergencia en el enfoque de los estados miembros.

La migración en barco a Europa aumentó: hasta finales de octubre habían llegado más de 35.000 inmigrantes y solicitantes de asilo. Se calcula que para mediados de octubre 500 personas habían perdido la vida en el mar, incluidas las más de 360 víctimas que murieron en una tragedia marítima aislada en octubre. En julio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) bloqueó la deportación sumaria propuesta por Malta de un grupo de somalíes a Libia.

En el momento de redactarse este informe, seguían en marcha las negociaciones sobre las propuestas de nuevos reglamentos para la Agencia de Fronteras de la UE (Frontex). La propuesta de la CE clarificaría el papel de Frontex en las operaciones de búsqueda y rescate en el mar, así como asuntos relacionados con el desembarco, pero también permitiría deportaciones a terceros países de aquellos que son interceptados en alta mar tras una evaluación somera de las necesidades de protección y la situación en el país de devolución. El Defensor del Pueblo Europeo de entonces concluyó su investigación sobre Frontex en abril con recomendaciones a la agencia para que aclarara el marco jurídico de sus operaciones así como sus responsabilidades en caso de violaciones a los derechos.

En septiembre, el Parlamento Europeo pidió directrices estratégicas para proteger mejor a los niños inmigrantes no acompañados más allá del Plan de Acción de la Comunidad Europea, y el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa (CoE) Nils Muižnieks les recordó a los estados la prioridad de implementar mejoras en las políticas inmigratorias en favor de los niños.

El Relator Especial de la ONU sobre Derechos de los Migrantes, François Crépeau, criticó el enfoque centrado en la seguridad de la UE hacia la migración, con su atención volcada en el fortalecimiento de las fronteras exteriores, las detenciones y las deportaciones. En su informe de abril, Crépeau recomendó un incremento en las salvaguardias, como garantizar alternativas a la detención y disposiciones de derechos humanos en los acuerdos de cooperación de migración con países que no son parte de la Unión Europea. También instó a la Comisión Europea iniciar procedimientos de infracción contra los países de la UE que violan los derechos de los inmigrantes.

Discriminación e intolerancia

El sentimiento xenófobo y la violencia generaron preocupación entre las instituciones de la UE y el Consejo de Europa. En marzo, una resolución del PE hizo un llamamiento para el registro, la investigación y el enjuiciamiento adecuados de los delitos de odio, así como por la asistencia, la protección y el resarcimiento de las víctimas. En junio, el Consejo de la UE pidió más esfuerzos para luchar contra las formas extremas de intolerancia, como el racismo, el antisemitismo, la xenofobia y la homofobia. En mayo, el Comisario del Consejo de Europa Muižnieks hizo un llamamiento por la capacitación sistemática y continua de la fuerza policial, los fiscales y jueces, así como por medidas eficaces para abordar el sesgo dentro de los organismos encargados de supervisar el cumplimiento de la ley.

Repetidos insultos racistas contra un ministro negro en Italia provocaron que diecisiete ministros de la UE firmaran una declaración en septiembre condenando la intolerancia y el extremismo.

Los políticos en el Reino Unido y las autoridades de Cataluña, España, propusieron la prohibición del velo musulmán integral, mientras que los votantes en Ticino, Suiza (no es un miembro de la UE) aprobaron su prohibición, después de un referéndum en septiembre. En noviembre, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) escuchó el caso de una mujer que se opuso a la prohibición francesa al ocultamiento del rostro en público, bajo el argumento de que esa prohibición viola presuntamente sus derechos a la vida privada y familiar y a la libertad de religión y de expresión.

Un sondeo de la Agencia de los Derechos Fundamentales (FRA) publicada en mayo reveló que 47 por ciento de los miembros de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, de transgénero e intersexuales (LGBTI, por sus siglas en inglés) encuestados reportaron haber sido discriminados o acosados en los doce meses anteriores, mientras que 25 por ciento dijo haber sido atacados o amenazados con violencia en los últimos cinco años. Otra encuesta de la FRA mostró en noviembre que 21 por ciento de los encuestados judíos habían sido blanco de insultos antisemitas o acoso en los 12 meses previos, mientras que 2 por ciento informó haber sufrido un ataque físico durante el mismo periodo.

Los romaníes son discriminados y viven en la pobreza en toda la UE. En junio, la CE hizo recomendaciones para guiar a los estados miembros en la implementación efectiva de sus estrategias de integración de los romaníes. En septiembre, el ministro del Interior de Francia declaró que la mayoría de los romaníes no tiene ningún deseo de integrarse, mientras que surgieron noticias de que la policía sueca mantenía registros ilegales de romaníes. En octubre, las alegaciones, que resultaron infundadas, de secuestros de niños de cabello rubio y ojos azules por familias romaníes en Grecia e Irlanda provocaron una advertencia del Comisario del CoE Muižnieks contra la publicación irresponsable de información.

En febrero, Portugal se convirtió en el primer país de la UE en ratificar el Convenio del Consejo de Europa para la prevención y la lucha contra la violencia hacia las mujeres y la violencia doméstica. En septiembre, Italia también lo ratificó.

En noviembre, el TEDH dictaminó que la exclusión de las parejas del mismo sexo de las uniones civiles en Grecia violaba las normas contra la discriminación y el derecho a la vida privada y familiar.

Antiterrorismo

En su primera resolución sobre la complicidad de Europa en las entregas extraordinarias a la CIA, en diciembre de 2012, el TEDH falló que Macedonia había violado la prohibición de la tortura y los derechos del ciudadano alemán Khaled el-Masri a la libertad y a la seguridad, a la tutela judicial efectiva y a la vida privada y familiar, al detenerlo ilegalmente en 2003 y transferirlo a la custodia de EE.UU., y por el fracaso de las autoridades macedonias a investigar de manera efectiva sus denuncias de malos tratos.

Los casos similares de los presos en Guantánamo Abu Zubaydah, contra Polonia y Lituania, y Abd al-Rahim al-Nashiri, contra Polonia y Rumania, seguían pendientes ante el TEDH en el momento de redactarse este informe. El Comisario del CoE Muižnieks y el Parlamento Europeo, en septiembre y octubre, respectivamente, reiteraron sus llamados a la rendición de cuentas por la complicidad europea y por la cooperación de EE.UU. en las investigaciones.

En septiembre, el Parlamento Europeo abrió una investigación sobre el impacto del programa de vigilancia de la Agencia de Seguridad Nacional de EE.UU. (NSA) sobre la privacidad de los ciudadanos de la UE. Se espera que el Parlamento Europeo emita sus conclusiones y haga sus recomendaciones al respecto en enero de 2014.

Política exterior de la UE

Si bien se emprendieron algunas iniciativas positivas en el transcurso de 2013, como la creación del Fondo Europeo para la Democracia y dos nuevas series de directrices de la Unión Europea (UE) para los derechos de los miembros de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, de transgénero e intersexuales (LGBTI) y la libertad de religión y de creencias, a los estados miembros e instituciones de la UE les faltaron la vitalidad y el esfuerzo conjunto en materia de derechos humanos que existían en el periodo previo a la aprobación en junio de 2012 del Marco Estratégico de Derechos Humanos y Democracia por los ministros de asuntos exteriores de la UE.

Los 28 estados miembros y las instituciones de la UE aún no han combinado su influencia ni se han unido en torno a un mensaje y enfoque de cara a socios estratégicos como Rusia y China en materia de derechos humanos, a pesar del llamamiento del Parlamento Europeo. Si bien la alta representante de la UE expresó algunas preocupaciones en sus declaraciones, nunca hubo una respuesta colectiva y ejemplar de la UE que permitiera que los problemas de derechos humanos de la UE fueran colocados firmemente en los más altos niveles de los diálogos sobre políticas y debates públicos con Rusia y China.

La UE en su conjunto continuó siendo el mayor donante de ayuda humanitaria a la crisis siria. Sin embargo, a pesar del compromiso declarado de la UE tanto a la Corte Penal Internacional (CPI) como a la justicia por delitos graves, la alta representante de la UE no logró garantizar una voz colectiva fuerte y estrategia de la UE que promoviera las posibilidades de llevar los crímenes en Siria ante la CPI. Veintisiete estados miembros de la UE (todos menos Suecia) se sumaron a una iniciativa liderada por Suiza que le pedía al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que remitiera la situación de Siria a la Corte Penal Internacional.

En reacción a la ocupación del norte de Malí por parte de grupos armados islamistas, Francia tomó la iniciativa al responder a la petición de ayuda militar emitida por el presidente de Malí con el lanzamiento en enero de la Operación Serval. Más tarde, en enero, la UE estableció una misión para capacitar y asesorar a las fuerzas de seguridad de Malí, incluyendo un componente específico sobre derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

El año 2013 marcó una nueva era para las relaciones entre la UE y Birmania. En abril, la UE levantó todas las sanciones específicas al ejército, personas y entidades del gobierno birmano, a excepción de la prohibición a la exportación de armas. En julio, los ministros de asuntos exteriores de la UE refrendaron un Marco Global para la política y el apoyo de la UE a Birmania. También en julio, el Parlamento Europeo adoptó una resolución que condenaba las “graves violaciones de los derechos humanos y la violencia perpetrada contra los musulmanes rohingya en Birmania/Myanmar”. La UE asignó €14,5 millones a Birmania en asistencia humanitaria, además de los €5,5 millones que le asignó en diciembre de 2012. La prioridad de la ayuda humanitaria siguieron siendo los estados de Rakhine, Kachin y las zonas fronterizas del este. La UE siguió patrocinando resoluciones críticas para Birmania en el Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea General de la ONU.

En junio, pareció que los derechos humanos quedaron relegados a un segundo plano durante la reunión ministerial del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo y la UE, que tuvo lugar en Bahréin. La alta representante de la UE y estados miembros del bloque no lograron hacer valer su peso colectivo para presionar de forma activa y pública por la liberación inmediata e incondicional de los activistas bahreiníes detenidos, tres de los cuales tienen doble nacionalidad de Bahréin y de un país miembro de la UE, a pesar de los reiterados llamamientos del Parlamento Europeo y la sociedad civil.

Durante el transcurso de 2013, la UE pareció carecer de cualquier política para asegurar mejoras en países donde la represión de los derechos humanos es sistemática, como Etiopía, Uzbekistán, Turkmenistán, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.

La UE desplegó diferentes enfoques, a veces inconsistentes, a los problemas de derechos humanos en Asia Central, el Cáucaso y los estados no pertenecientes a la UE en Europa del Este. En 2013, la UE suspendió la prohibición de larga data contra el visado del ministro de Relaciones Exteriores de Belarús, impuesta en 2011, lo que le permitió viajar a Bruselas en julio para la primera visita de alto nivel desde 2010 de un oficial bielorruso. Al mismo tiempo, durante todo el año, la UE reiteró la necesidad de Belarús de cumplir con los estándares de referencia de derechos humanos de la UE, incluida la liberación inmediata de los presos políticos, como condición para la reapertura del diálogo.

Temas preocupantes de derechos humanos en miembros específicos de la UE

Alemania

Los solicitantes de asilo y refugiados iniciaron protestas y huelgas de hambre contra las condiciones en los centros de acogida y las restricciones a la libertad de circulación y el acceso al mercado de trabajo a lo largo de 2013.

En mayo, empezó el juicio de un presunto miembro de una célula neonazi acusado de asesinar a nueve inmigrantes, una mujer policía y cuatro presuntos cómplices. Una comisión federal de investigación formuló recomendaciones en agosto para la mejora de las prácticas de la policía alemana, incluyendo un mayor énfasis en los delitos de odio, una mayor diversidad en el cuerpo policial y una mayor concentración en los derechos humanos durante la capacitación policial. El Parlamento rechazó proyectos de ley para aumentar las penas para los delitos de motivación racial, así como un proyecto de ley para introducir los delitos de odio como una categoría específica.

En abril, Baden-Württemberg emitió un decreto que exige evaluaciones de riesgo individuales antes de devolver a romaníes, ashkalíes y egipcios a Kosovo, pero deportó a 127 personas en abril y 90 a Serbia y Macedonia en julio. Por lo menos tres estados alemanes continuaron devolviendo a la fuerza a romaníes, ashkalíes y egipcios a Kosovo sin las evaluaciones de riesgo adecuadas, pese a las preocupaciones de discriminación y las medidas de integración inadecuadas a su regreso.

El Instituto Alemán de Derechos Humanos informó en junio que los perfiles étnicos son una práctica común de la policía, en particular en los centros de transporte para fines de control de la inmigración, y recomendó reformas legales y políticas.

El gobierno negó las acusaciones de que los servicios de inteligencia y de la policía alemanes se beneficiaron de la tecnología de vigilancia de masas de EE.UU. y que colaboraran con las agencias de inteligencia estadounidenses. Sin embargo, la información filtrada sugiere lo contrario.

En septiembre, Alemania ratificó la Convención de Trabajadores Domésticos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En diciembre de 2012, el Parlamento aprobó un proyecto de ley que aclara que los padres tienen el derecho a que sus hijos sean circuncidados por razones religiosas, de acuerdo con determinadas normas médicas.

Croacia

Croacia se unió a la UE en julio en medio de persistentes preocupaciones sobre temas de derechos humanos. En marzo, la CE hizo un llamamiento por la mejora de la eficiencia del sistema judicial, el enjuiciamiento de los crímenes de guerra nacionales y la protección de las minorías.

La persecución de los crímenes nacionales e internacionales continuó. En enero, un tribunal local ordenó al Estado a resarcir a los hijos de las víctimas serbias por el ataque contra Varivode durante la “Operación Tormenta” en 1995.

Los regresos voluntarios a Croacia aumentaron: en los primeros cinco meses, hubo 358 retornos, en comparación con 132 en todo 2012. La reintegración de los miembros de la minoría serbia sigue siendo problemática, con constantes casos de discriminación y hostilidad en algunas regiones del país y obstáculos de cara al derecho a la vivienda. En noviembre, el consejo urbano de Vukovar canceló la implementación del bilingüismo después de las protestas contra las señales de las calles en caracteres cirílicos.

Los romaníes, sobre todo los nómadas, afrontan dificultades para acceder a servicios estatales básicos, como la atención médica, la asistencia social y la educación.

Hubo pocas solicitudes de asilo en Croacia (hasta mediados de octubre, 928 personas, de los cuales, los sirios formaron el tercer mayor grupo nacional), sin embargo, los centros de recepción siguen abarrotados, y hubo denuncias de que algunos solicitantes de asilo fueron colocados en centros de detención cerrados. La protección de los menores no acompañados sigue siendo problemática, con guardianes mal capacitados generalmente lejos de los centros donde los niños son internados, a menudo en instalaciones muy precarias.

Los derechos de voto para las personas con discapacidad mental o intelectual fueron restaurados en diciembre de 2012. Las propuestas para levantar la custodia legal completa a miles de personas aún permitirían a los tribunales restringir ampliamente la capacidad jurídica. La implementación de un plan de desinstitucionalización de 2011 para las personas con discapacidad mental o intelectual avanzó lentamente, con el lanzamiento en mayo de dos proyectos dirigidos a unos 400 individuos, mientras que casi 9.000 permanecen institucionalizados.

A raíz de una sentencia del Tribunal Supremo en diciembre de 2012, la periodista turca Vicdan Özerdem fue puesta en libertad de inmediato y regresó a Alemania, donde tiene asilo político. Özerdem fue detenida a mediados de 2012 para ser extraditada a Turquía, donde es buscada por cargos de terrorismo. Esto desató amplias críticas internacionales.

España

El Relator Especial de la ONU sobre las formas contemporáneas de racismo, Mutuma Ruteere, expresó su preocupación en enero sobre el empeoramiento de la situación de los inmigrantes, incluyendo un alto nivel de desempleo, restricciones al acceso a la atención médica y la segregación de facto de los barrios inmigrantes, así como también la propagación de un sentimiento anti-romaní. En octubre, el Comisario del Consejo de Europa Muižnieks destacó el impacto de los recortes presupuestarios en los grupos vulnerables, incluidos los niños y las personas discapacitadas, y la impunidad de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley por malos tratos y tortura.

Tras rechazar un proyecto de ley promovido por la sociedad civil que solicitaba la cancelación de la deuda hipotecaria, el Parlamento aprobó en mayo reformas limitadas para hacer frente a la crisis inmobiliaria. La ley mejora la revisión judicial de los contratos hipotecarios, a raíz de un fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de marzo que dictaminó que la ley existente viola las normas de protección de los consumidores de la UE, amplía ligeramente la moratoria sobre los desalojos e incluye medidas para aliviar la deuda hipotecaria.

En mayo, el Defensor del Pueblo instó a la policía a introducir formularios para registrar la detención y recopilación de información relacionada a la etnia, la raza y/o nacionalidad y el motivo de la revisión de la documentación de identidad. En junio, el representante del gobierno central en Lérida, Cataluña, declaró que la policía aplica criterios étnicos cuando lleva a cabo revisiones relacionadas al estatus inmigratorio.

En octubre, un juez en Argentina ejerció la jurisdicción universal y solicitó la extradición de dos ex funcionarios del régimen de Franco por tortura. En noviembre, el Comité de la ONU de las Desapariciones Forzadas instó a España a que investigue todas las desapariciones forzadas, independientemente de cuándo fueran cometidas y concluyó que el régimen de incomunicación viola la prohibición de la detención secreta bajo la Convención sobre Desapariciones Forzadas de la ONU.

En febrero, el Tribunal Supremo de España anuló la ordenanza de Lérida, Cataluña, que prohibía el velo integral, argumentando que violaba la libertad religiosa. El gobierno regional anunció su intención en julio de prohibir los velos para la cara en público por razones de seguridad, mientras que surgieron noticias en agosto de que la policía de Cataluña estaba recopilando datos sobre las mujeres que usaban el velo integral.

En abril, el CPT expresó su preocupación por las denuncias de malos tratos a los sospechosos de terrorismo en régimen de incomunicación y las personas bajo custodia policial, así como también por las precarias condiciones carcelarias. El comité también criticó la atmósfera “carcelaria” en los centros de detención de inmigrantes.

En octubre, el TEDH confirmó su sentencia de 2012 de que la prolongación retroactiva de las penas de prisión, que limita la elegibilidad de libertad condicional para los condenados por delitos de terrorismo, violó las normas de un juicio justo. Para mediados de noviembre, 31 prisioneros habían sido puestos en libertad –24 de ellos miembros de ETA—, de acuerdo con la sentencia.

El Ministerio del Interior informó en septiembre que desde enero, casi 3.000 inmigrantes intentaron entrar al enclave español de Melilla, casi el doble del número en el mismo periodo de 2012. Más de tres cuartas partes no pudieron entrar, en medio de acusaciones de que los funcionarios españoles encargados de hacer cumplir la ley habían deportado sumariamente a los inmigrantes a los abusos de la policía marroquí.

Francia

El Centro de Derechos Humanos de los Romaníes Europeos y la Liga de los Derechos Humanos informaron que, entre enero y septiembre, más de 13.400 romaníes fueron expulsados de asentamientos informales, en comparación con 9.400 en todo 2012. En agosto, la Comisión Consultiva Nacional de Derechos Humanos de Francia calificó la emisión masiva de órdenes de expulsión de romaníes como un “acoso administrativo” e instó al gobierno a poner fin a los desalojos de los barrios marginales y asentamientos, sin ofrecer un alojamiento alternativo adecuado y respetar las normas de libre circulación de la UE.

En octubre, el TEDH dictaminó que Francia violó el derecho a la vida privada y familiar de un grupo de Nómadas franceses al ordenar su desalojo de las tierras que habían ocupado durante muchos años.

En su Examen Periódico Universal (EPU) en junio, Francia aceptó recomendaciones para poner fin a los perfiles étnicos y anunció enmiendas al código ético de la policía y de la gendarmería. Sin embargo, no se tomaron nuevas medidas para acabar con los controles de identidad discriminatorios. En octubre, un tribunal de París falló en contra de los demandantes que alegaban haber sido blanco de perfiles étnicos, argumentando que las normas contra la discriminación no eran aplicables.

En mayo, el Comité sobre Desapariciones Forzadas de la ONU expresó su preocupación por el hecho de que la falta de un recurso de suspensión del procedimiento de asilo acelerado crea un riesgo de devolución a la desaparición forzada. También señaló el uso demasiado frecuente de la detención policial en Francia.

En julio, estallaron disturbios en el suburbio parisino de Trappes después de que la policía detuviera a una mujer por llevar un velo integral. Un menor de 14 años perdió un ojo presuntamente por un proyectil disparado por la policía. Grupos de derechos humanos denunciaron un aumento en los ataques contra los musulmanes, especialmente las mujeres.

En abril, el Defensor de los Derechos expresó su preocupación por un estimado de 3.000 niños migrantes no acompañados ubicados en el departamento francés de ultramar de Mayotte, cientos de los cuales tienen que valerse por sí mismos.

En julio, el parlamento derogó el delito de injurias al Presidente de la República después de una sentencia del TEDH en marzo que decía que violaba la libertad de expresión.

El Parlamento legalizó el matrimonio homosexual en abril. SOS Homophobie, una asociación sin ánimo de lucro destinada a la lucha contra la discriminación y la violencia homofóbica, registró testimonios de 3.200 incidentes homofóbicos hasta noviembre, en comparación con 2.000 en todo 2012. En mayo, el gobierno se comprometió a comenzar a publicar estadísticas sobre la violencia homofóbica en 2014.

En agosto, una nueva ley introdujo un delito de “reducción a la esclavitud” en el Código Penal, que penaliza también el trabajo forzado, la reducción a la servidumbre y la explotación de las personas reducidas a la esclavitud.

En dos casos separados, el TEDH dictaminó en septiembre y noviembre que las devoluciones a Sri Lanka de un Tamil al que se le negó la solicitud de asilo y de un ciudadano congoleño a la República Democrática del Congo violarían la prohibición de la tortura.

En medio de los informes de los medios de la masiva interceptación de datos por las agencias de inteligencia de Estados Unidos y Gran Bretaña, el primer ministro Ayrault negó las acusaciones en un artículo de Le Monde publicado en julio de que los servicios de inteligencia franceses estaban recogiendo sistemáticamente datos sobre las comunicaciones en Francia. Al momento de redactarse este informe, el Parlamento estaba examinando un proyecto de ley para aumentar moderadamente la supervisión de las agencias de inteligencia.

Grecia

La incertidumbre política marcó el tercer año de crisis económica de Grecia. En mayo, el experto independiente de la ONU sobre deuda externa y derechos humanos advirtió que las condiciones de rescate socavan los derechos humanos. El cierre repentino de la cadena de televisión pública nacional en junio agravó las preocupaciones sobre la libertad de comunicación y dio lugar a una reorganización del gobierno.

A pesar de la creación en enero de unidades policiales contra el racismo y algunos arrestos, los ataques contra los inmigrantes y solicitantes de asilo continuaron: hasta fines de agosto, una red de ONGs registró 104 incidentes. Los ataques contra miembros de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, de transgénero e intersexuales (LGBTI) parecieron ir en aumento. El Defensor del Pueblo de Grecia advirtió en septiembre que la violencia racista y la impunidad de los perpetradores socavan la cohesión social y el Estado de Derecho. En noviembre, el gobierno presentó un proyecto de ley para sancionar las expresiones de odio y la incitación a la violencia, pero no abordó los problemas en la legislación y prácticas vigentes con respecto a la violencia racista. En noviembre, dos personas fueron condenadas por delitos agravados por motivos raciales, la primera vez en que se aplicó la ley de 2008.

El apuñalamiento mortal de un activista antifascista en Atenas en septiembre por un presunto miembro de Amanecer Dorado desató una ofensiva contra el partido y la detención de su líder y cinco parlamentarios bajo cargos de gestión de una organización criminal. Una investigación interna de la policía concluyó en octubre que 10 policías griegos estaban vinculados con Amanecer Dorado.

En noviembre, dos miembros de Amanecer Dorado fueron asesinados fuera de una filial del partido en Atenas, y un tercer hombre resultó gravemente herido. En el momento de

escribirse este informe, aun no se habían hecho arrestos.

En abril, tres capataces griegos fueron arrestados después de disparar contra un grupo de entre 100 y 200 recolectores de fresas de Bangladesh que exigían los salarios que se les debía. A los 35 heridos se les concedió visas humanitarias, mientras que los capataces y el propietario de la finca agrícola se encontraban en prisión preventiva en el momento de redacción de este informe.

En julio, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA expresó su preocupación después de que el gobierno reintrodujera una regulación sanitaria utilizada en el pasado para justificar la detención y las pruebas forzadas del VIH a presuntas trabajadoras sexuales. Una ley independiente que permite a la policía detener a extranjeros por motivos de salud pública excesivamente amplios aún estaba en vigor.

En octubre, el TEDH sostuvo que el hecho de que el Tribunal Supremo de Grecia no condenara el despido por parte de una empresa privada de un empleado, debido a que era portador del VIH, violó su derecho a la protección contra la discriminación así como su derecho a la privacidad.

La intensificación de la seguridad a lo largo de la frontera terrestre con Turquía desvió los flujos de inmigrantes irregulares y solicitantes de asilo, incluyendo los sirios, a las islas del mar Egeo. Las travesías en barco estuvieron marcadas por al menos diez muertes. El ACNUR expresó su preocupación por las denuncias de expulsiones a Turquía, incluso de personas que huían de Siria.

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, el Relator Especial de la ONU Crépeau y el Comisario del Consejo de Europa, Muižnieks, criticaron los controles abusivos y las detenciones arbitrarias durante la operación policial en curso Xenios Zeus contra los inmigrantes irregulares, y denunciaron la precaria situación de los inmigrantes y solicitantes de asilo detenidos a menudo de manera sistemática y prolongada. El TEDH condenó a Grecia por el trato inhumano y degradante al que sometió a los inmigrantes durante su detención en tres casos separados. En agosto, los detenidos se amotinaron en las instalaciones de Amgydaleza.

El nuevo servicio de tramitación de solicitudes de asilo comenzó a operar en Atenas en junio, pero el acceso al asilo en el resto del país, y para las personas que se encuentran detenidas, sigue siendo difícil. Datos publicados en 2013 muestran que Grecia tuvo la tasa de protección más baja en primera instancia en la UE (0,9 por ciento en 2012).

En mayo, el TEDH dictaminó por tercera vez desde 2008 que la segregación escolar de los alumnos romaníes en Grecia constituye un delito de discriminación. El Comisario del Consejo de Europa, Muižnieks, expresó su preocupación por las persistentes denuncias de malos tratos de los romaníes por los organismos encargados de hacer cumplir la ley. En los primeros nueve meses de 2013, la policía griega llevó a cabo 1.131 operaciones en campamentos romaníes en todo el país, aumentando las preocupaciones acerca de los perfiles étnicos.

En marzo, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) expresó su preocupación por la respuesta de Grecia a la violencia contra las mujeres, destacando la falta de datos estadísticos, e instó a las autoridades a garantizar que las víctimas tengan acceso a medios inmediatos de resarcimiento y protección, y que los autores sean enjuiciados y castigados.

Hungría

Cambios legales introducidos por el gobierno continuaron amenazando el Estado de Derecho y debilitando la protección de los derechos humanos. Las enmiendas constitucionales de marzo socavaron aún más la independencia judicial, despojaron al Tribunal Constitucional de poderes significativos e introdujeron varias disposiciones legales previamente declaradas inconstitucionales.

A pesar de cambios parciales a las leyes de medios en marzo, el regulador principal de los medios de comunicación, el Consejo de Medios, sigue careciendo de independencia política. Las multas potenciales para los periodistas siguen siendo excesivas y los requisitos para la regulación de contenidos aún no están claros. En marzo, el canal de noticias independiente Klubradio pudo finalmente renovar su licencia después de cuatro fallos judiciales favorables.

En respuesta a las críticas internacionales, incluyendo una opinión detallada de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa y un informe condenatorio del PE destacando las preocupaciones sobre, entre otras cosas, la independencia del poder judicial, el estatus jurídico de las iglesias y la publicidad política, el gobierno hizo cambios cosméticos a la Constitución en septiembre, pero no puso fin a la discriminación de los grupos religiosos y sólo abordó parcialmente las limitaciones a la publicidad política en los medios de comunicación privados.

Los romaníes siguieron siendo blanco de la discriminación y el acoso. El alcalde de la ciudad norteña de Ozd cerró los suministros públicos de agua en los asentamientos romaníes, afectando a unas 500 familias. El TEDH falló en enero que Hungría discriminó a dos estudiantes romaníes al matricularlos en educación especial y, en julio, confirmó la prohibición de una corte húngara a la Guardia Húngara, un grupo antiromaníes y antisemita. En agosto, un tribunal de Budapest condenó a cuatro hombres por matar a seis romaníes, entre ellos un niño, en ataques racistas en 2008 y 2009.

El antisemitismo también continuó siendo un problema. La policía está investigando el ataque en abril que sufrió el presidente de la Asociación Raoul Wallenberg después de un partido de fútbol donde los partidarios corearon el lema nazi sieg heil.

En marzo, el Comité de la CEDAW de la ONU instó a las autoridades húngaras a fortalecer sus protecciones legales para las víctimas de violencia doméstica y a aumentar el espacio en los refugios. Un delito de violencia doméstica introducido en julio creó penas más severas y amplió la prosecución pública, pero excluye a las parejas sin hijos comunes que no cohabitan y sólo es activado en casos de abuso repetido. En septiembre, el Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad instó a Hungría a derogar una disposición constitucional que restringe los derechos de voto de las personas bajo custodia legal y a reinstituir a seis de estos aspirantes a las listas electorales.

En julio, el gobierno restableció la detención de solicitantes de asilo por motivos demasiado amplios. En octubre, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria hizo un llamado a Hungría para que adopte medidas eficaces para impedir la detención arbitraria de solicitantes de asilo e inmigrantes en situación irregular. A finales de agosto, 15.069 personas, entre ellas 588 sirios, habían solicitado asilo político, un aumento significativo frente a las 1.195 solicitudes durante el mismo periodo del año pasado.

En septiembre, el Parlamento aprobó una ley que permite a los gobiernos locales tipificar como delito la indigencia, penado con multas, servicio comunitario e incluso condenas a prisión.

Italia

Más de 35.000 personas llegaron a Italia por mar en octubre, un aumento significativo respecto al año anterior; más de una cuarta parte eran sirios. Surgieron denuncias de que Italia dio instrucciones a buques comerciales para que devolvieran a los inmigrantes rescatados a los puertos de Libia si estaban más cerca, aumentando las preocupaciones sobre las deportaciones.

Tras varias prórrogas, el plan de emergencia del norte de África para recibir a inmigrantes que fue lanzado en 2011 durante el conflicto libio concluyó oficialmente el 31 de marzo y los refugios de emergencia fueron cerrados. A los solicitantes de asilo rechazados se les dio la oportunidad de volver a presentar una solicitud o recibir un año de permiso para quedarse y 500 euros; muchos se marcharon a otros países europeos. En septiembre, el gobierno anunció un incremento de 3.000 a 16.000 plazas en los centros de acogida especializados para solicitantes de asilo y refugiados. En julio, el ACNUR, que dio la bienvenida a la medida, hizo hincapié en la necesidad de una reforma integral del sistema de acogida que mejore las medidas de apoyo sumamente insuficientes para la población de refugiados.

En abril, el Relator Especial de la ONU Crépeau criticó el sistema de detención de inmigrantes italiano, incluidas las precarias condiciones y la falta de acceso a la justicia. Los detenidos protestaron en varios centros, entre otras cosas por la muerte de un hombre marroquí en el centro de Crotone en agosto. Crépeau reiteró las preocupaciones sobre las deportaciones sumarias automáticas a Grecia y las insuficientes salvaguardias en los acuerdos de “deportación rápida” con Túnez y Egipto. Crépeau y el ACNUR instaron a Italia a introducir un procedimiento efectivo de determinación de la edad para garantizar que los niños reciban las protecciones adecuadas.

Tres expertos de la ONU expresaron su preocupación por la deportación ilegal en mayo de la esposa y la hija de Mukhtar Ablyazov, un detractor del gobierno de Kazajstán, desde Roma, diciendo que parecía ser una “entrega extraordinaria”. Reconociendo la injerencia indebida de las autoridades kazajas, el gobierno rescindió la orden de deportación en julio, aunque la madre y la hija permanecen en Kazajstán por restricciones de viaje.

Un informe del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) en noviembre criticó el hacinamiento y los malos tratos en las cárceles, en especial de los extranjeros, por parte de la policía y los carabineros.

La cámara baja del Parlamento aprobó un proyecto de ley en septiembre para extender las protecciones de los delitos de odio a las lesbianas, gays, bisexuales, de transgénero e intersexuales (LGBTI). Las organizaciones LGBTI criticaron una enmienda al proyecto de ley, que debe pasar por el Senado, que exime a una serie de organizaciones de la responsabilidad penal por el discurso del odio.

En febrero, un tribunal de apelación condenó a tres ciudadanos estadounidenses, entre ellos un ex jefe de estación de la CIA en Roma, por su papel en el secuestro en 2003 de un clérigo egipcio en Milán, revocando la sentencia de inmunidad diplomática de un tribunal inferior. Por otra parte, el tribunal halló culpables a cinco agentes de la inteligencia italiana cuya participación había quedado encubierta en el secreto de Estado.

En enero, Italia se convirtió en el primer país de la UE en ratificar el Tratado de la OIT sobre el Trabajo Decente para los Trabajadores del Hogar. En octubre, el Parlamento convirtió en ley un decreto gubernamental de agosto, creando nuevas medidas contra la violencia doméstica y el acoso, incluyendo penas más severas en algunos casos, y visas humanitarias para las víctimas indocumentadas. La experta de la ONU, Joy Ngozi Ezeilo, pidió al gobierno en septiembre que asegure una posición nacional frente a todas las formas de tráfico de personas, tanto para la mano de obra como la  explotación sexual.

Países Bajos

Persisten las preocupaciones sobre las políticas de inmigración y asilo. En junio, el Comité contra la Tortura (CAT) de la ONU expresó su preocupación por la detención inmigratoria más allá del límite legal de 18 meses de niños solicitantes de asilo no acompañados y familias con niños en espera de la prueba de determinación de la edad, así como por las condiciones y el trato durante la detención. El comité recomendó el uso efectivo de alternativas a la detención. En mayo, detenidos en Rotterdam y en el aeropuerto de Schiphol se declararon en huelga de hambre para protestar por las precarias condiciones.

En el momento de escribirse este informe, el Parlamento estaba examinando un proyecto de ley para tipificar la estancia irregular como un delito punible con multas de hasta €3.900 y hasta seis meses de cárcel en caso de reincidencia. El Ministerio de Seguridad y Justicia fijó un objetivo policial de 4.000 detenciones de inmigrantes en situación irregular durante el año.

Desde junio, los solicitantes de asilo menores no acompañados son procesados mediante un procedimiento acelerado; los mayores de 16 años cuyas solicitudes de asilo han sido rechazadas pueden ser devueltos inmediatamente, a menos que su país de origen carezca de una atención adecuada o que el menor no sea capaz de subsistir por sí mismo. El Defensor de los Derechos de los Niños holandés expresó su preocupación por el hecho de que este procedimiento no toma debidamente en cuenta el mejor interés del niño.

El gobierno reconoció en abril que casi 300 personas fueron clasificadas erróneamente como “deportables” a pesar de las apelaciones de asilo pendientes, entre ellos un ruso que se suicidó en enero estando en régimen de detención a la espera de ser deportado. En septiembre, el gobierno anunció planes para reducir la detención de los solicitantes de asilo.

En septiembre, el gobierno concedió la residencia permanente a 620 niños (y a 690 miembros de sus familias) que habían estado viviendo en los Países Bajos durante al menos cinco años y que habían solicitado asilo, menos de la mitad de los que aplicaron al programa.

Los Países Bajos decidió que podía devolver a solicitantes de asilo somalíes rechazados a finales de 2012, aunque las apelaciones judiciales cancelaron las deportaciones a lo largo de todo 2013. En septiembre, poco después de que el TEDH dictaminara (en un caso relacionado con Suecia) que la seguridad mejorada en la capital somalí daba luz verde a las deportaciones, el gobierno comenzó a ejecutarlas. En noviembre, un somalí resultó herido en una explosión en Mogadiscio, tres días después de haber sido deportado desde Países Bajos.

En el momento de redactarse este informe, el Senado estaba examinando un proyecto de ley, ya aprobado por la Cámara de Diputados en febrero, para eliminar el requisito de la cirugía de reasignación de sexo para las personas transexuales que desean nuevos documentos de identidad.

Polonia

La investigación de cinco años sobre las detenciones secretas de la CIA en Polonia continuó en medio de la falta de transparencia. En noviembre, el Comité contra la Tortura de la ONU instó a Polonia a completar la investigación dentro de un plazo razonable. A principios de año surgieron noticias de que los cargos, que nunca fueron confirmados oficialmente, contra el ex jefe de inteligencia de Polonia fueron retirados. En octubre, el fiscal general otorgó la condición de “persona afectada” en el caso de un ciudadano yemení detenido en la prisión de Guantánamo.

En enero, un tribunal de apelaciones absolvió al editor del sitio web Antykomor.pl de los cargos de difamación del presidente. Su sentencia dictada por un tribunal de primera instancia en septiembre de 2012 llevó a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa a pedir la derogación del delito de difamación en Polonia.

En febrero, el TEDH falló que Polonia violó la prohibición de los tratos inhumanos y degradantes al haber detenido a un parapléjico en una prisión no apta para personas discapacitadas.

Al momento de escribirse este informe, el Parlamento estaba examinando un proyecto de ley para la protección contra la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, y la ampliación de la definición legal de acoso.

El Senado estaba evaluando un proyecto de ley para edificar una instalación de alta seguridad para los presos considerados una amenaza para la vida, la salud o la libertad sexual de los demás o para los niños. Si bien el proyecto de ley incluye salvaguardias, persiste la preocupación de que esta medida podría llevar a la detención indefinida de personas que ya han cumplido sus penas.

Reino Unido

Altos ministros atacaron con regularidad la Ley de Derechos Humanos y el TEDH, y la ministra del Interior, Teresa May, declaró que si volvía a ser elegida en 2015, el Partido Conservador eliminaría la ley y posiblemente se retiraría de la Convención Europea de Derechos Humanos.

La rendición de cuentas por el contraterrorismo y abusos cometidos en el extranjero sufrió reveses. Una ley en abril prolongó las audiencias secretas por razones de seguridad nacional en los tribunales civiles. El gobierno no inició una nueva investigación sobre la participación del Reino Unido en las entregas extraordinarias y torturas en el extranjero, ni publicó nada del informe provisional de la investigación cancelada de Gibson.

En mayo, el Comité de la ONU contra la Tortura (CAT) instó al Reino Unido a establecer una investigación exhaustiva sobre las denuncias de tortura y otros malos tratos cometidos durante la intervención militar del Reino Unido en Irak entre 2003 y 2009. El mismo mes, el Tribunal Superior dijo que no había surgido ninguna investigación adecuada de las muertes de iraquíes bajo custodia británica excepto en un caso, y en una segunda sentencia en octubre, ordenó investigaciones públicas sobre los presuntos asesinatos de iraquíes por las fuerzas británicas. Una investigación dirigida por el juez de instrucción pública sobre la presunta tortura y ejecución de hasta 20 iraquíes a manos de soldados británicos en Irak en el año 2004 empezó en marzo. En noviembre, un tribunal militar condenó a un marino británico por asesinar a un prisionero afgano herido en septiembre de 2011 en Afganistán.

El clérigo jordano Abu Qatada fue deportado en julio para afrontar cargos de terrorismo en Jordania, sobre la base de un tratado que garantiza el derecho a un juicio justo, pero persistió la preocupación sobre el uso de pruebas obtenidas bajo tortura.

El matrimonio homosexual fue legalizado en julio.

En noviembre, empezó el juicio de dos hombres por el brutal asesinato en mayo del soldado británico Lee Rigby en Londres. Los ataques contra los musulmanes y los centros islámicos, incluyendo incendios provocados, aumentaron en los meses posteriores a la muerte de Rigby. En Londres, la Policía Metropolitana registró un alza de 51 por ciento en los delitos contra los musulmanes en los 12 meses previos a octubre de 2013, en comparación con el año anterior.

En julio, el Comité de la CEDAW instó al Reino Unido a mitigar el impacto de los recortes a los servicios para las mujeres, especialmente las discapacitadas y las ancianas. En septiembre, el Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la vivienda, Raquel Rolnik, criticó el impacto de las medidas de austeridad, y también puso en evidencia testimonios de discriminación en la vivienda contra los romaníes y las comunidades nómadas, los inmigrantes y solicitantes de asilo.

Los grupos de derechos humanos denunciaron un empeoramiento del abuso de los trabajadores domésticos inmigrantes, ya que su derecho a cambiar de empleador fue retirado en 2012.

En septiembre, los relatores especiales de la ONU sobre la libertad de expresión y los derechos humanos y el contraterrorismo pidieron más información sobre la detención en agosto de David Miranda, la pareja de un periodista de The Guardian que escribió artículos acerca de los programas de vigilancia de Estados Unidos, durante nueve horas en el aeropuerto de Heathrow, el tiempo máximo permitido por la Ley Antiterrorista del país. El Tribunal Superior escuchó la apelación de Miranda a la legalidad de su detención en noviembre. En octubre, el Primer Ministro David Cameron mencionó concretamente a The Guardian cuando advirtió que el gobierno podría tomar medidas no especificadas contra los periódicos si no muestran “responsabilidad social” a la hora de informar sobre la vigilancia de masas.

En mayo, el CAT de la ONU hizo un llamamiento por un “marco general para la justicia de transición” en Irlanda del Norte. Se esperaba que para fines de año un grupo interpartidista en el Ejecutivo de Irlanda del Norte ofreciera recomendaciones sobre cuestiones controvertidas.

En febrero, el Tribunal Supremo suspendió las devoluciones de tamiles a Sri Lanka, a la espera de una revisión de la guía de evaluación de Sri Lanka por un tribunal de inmigración. Las nuevas directrices en julio reconocieron la tortura, el soborno y la disponibilidad de tratamientos de salud mental en Sri Lanka como factores relevantes, pero redujo el grupo de personas cuyas solicitudes de asilo tenían posibilidades de ser aceptadas.

Rumania

La Comisión Europea concluyó en enero que la crisis constitucional de 2012 había sido evitada después de la implementación de sus recomendaciones, pero subrayó persistentes problemas con el Estado de Derecho así como con la independencia y estabilidad judicial, debido en parte a la intimidación y el acoso de los jueces.

Persisten la discriminación y los desalojos forzosos de romaníes, con poco tiempo de aviso y sin alojamiento alternativo. En agosto, las autoridades demolieron 15 viviendas en el asentamiento romaní de Craica, en Baia Mare. En el momento de redactarse este informe, las 15 familias que quedan en el asentamiento afrontan el desalojo. En septiembre, las autoridades locales de Eforie Sud desalojaron a 100 romaníes, entre ellos 60 niños. También en septiembre, el secretario de Estado para las minorías, dijo que no matricularía a su hijo en una escuela con muchos alumnos romaníes, alimentando estereotipos negativos y justificando la segregación en la educación.

Fuente: Human Rights Watch

http://www.hrw.org/es/world-report/2014/country-chapters/121983

 

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